La Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCYL del 1 de diciembre de 2016, la contratación para controlar los certificados energéticos que se inscriban durante los años 2017 y 2018 en el Registro de certificados de eficiencia energética de edificios de Castilla y León.
Entre todas las provincias se van a inspeccionar un total de 1.310 certificados energéticos, 914 de pisos, 223 de viviendas unifamiliares, 25 de bloques de viviendas, 109 de locales comerciales y oficinas y 39 de edificios de uso comercial y de oficinas.
El 80 % de las inspecciones se realizarán en capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes, y el 20 % de las inspecciones se realizarán en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Las inspecciones contemplan desplazarse a cada edificio para comprobar los datos que figuren en el certificado energético registrado en la Junta de Castilla y León.
El importe estimado para contratar todos los controles es de 196.552,40 euros. En las bases de la contratación no se mencionaba que se debían descubrir infracciones cuyas multas fueran por un importe igual o superior al de la contratación.
En las normativas estatales y autonómicas, figura que para escriturar la compra-venta o firmar el contrato de alquiler, es obligatorio el certificado energético, junto con su registro y etiqueta energética. Y también es obligatorio para anunciar la venta o el alquiler de viviendas, locales comerciales y oficinas.
Las multas por incumplir estas normativas van desde 300 euros hasta 6.000 euros cuando se fuera reincidente.
Entre todas las provincias se van a inspeccionar un total de 1.310 certificados energéticos, 914 de pisos, 223 de viviendas unifamiliares, 25 de bloques de viviendas, 109 de locales comerciales y oficinas y 39 de edificios de uso comercial y de oficinas.
El 80 % de las inspecciones se realizarán en capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes, y el 20 % de las inspecciones se realizarán en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Las inspecciones contemplan desplazarse a cada edificio para comprobar los datos que figuren en el certificado energético registrado en la Junta de Castilla y León.
El importe estimado para contratar todos los controles es de 196.552,40 euros. En las bases de la contratación no se mencionaba que se debían descubrir infracciones cuyas multas fueran por un importe igual o superior al de la contratación.
En las normativas estatales y autonómicas, figura que para escriturar la compra-venta o firmar el contrato de alquiler, es obligatorio el certificado energético, junto con su registro y etiqueta energética. Y también es obligatorio para anunciar la venta o el alquiler de viviendas, locales comerciales y oficinas.
Las multas por incumplir estas normativas van desde 300 euros hasta 6.000 euros cuando se fuera reincidente.
El fraude en los certificados energéticos
En internet encuentras a técnicos que te hacen el certificado energético sin ir a ver la vivienda, local u oficina. Incluso en algunas inmobiliarias y algunos directores de sucursales de entidades financieras, te ofrecen estos servicios fraudulentos.
Con las inspecciones, se pretende sancionar los técnicos fraudulentos y llegado el caso a quienes contraten a dichos técnicos por ser plenamente conscientes del fraude.
Pero hay otra forma de hacer un certificado energético con cierta credibilidad sin ir a visitar el inmueble. Con una tasación, se puede hacer un certificado energético porque figura un plano del inmueble y los datos de sus calidades e instalaciones. ¿Y quienes tienen la mayoría de las tasaciones?.
El gran fraude en los certificados y etiquetas energéticas es muy fácil de inspeccionar. Te vas a los Registros de la Propiedad y encontrarás cientos de escrituras de compra-venta de viviendas, locales comerciales y oficinas sin certificado energético o sin su correspondiente tramitación para obtener la etiqueta energética.
Y los grandes infractores son los de siempre, algunos Bancos y Cajas morosas que en las escrituras de compra-venta hacen firmar al comprador que se exonera de reclamarles el certificado energético. Todo ello en base a que se interpreta que el certificado y la etiqueta energética son una carga, como las cuotas de las Comunidades de Propietarios, que no las pagan. Esta es parte de la verdadera obra social de algunos Bancos y Cajas morosas.
El fraude de los certificados energéticos resulta escandaloso cuando hay miles de euros en tasas que la Junta de Castilla y León no ha ingresado.
Con las inspecciones, se pretende sancionar los técnicos fraudulentos y llegado el caso a quienes contraten a dichos técnicos por ser plenamente conscientes del fraude.
Pero hay otra forma de hacer un certificado energético con cierta credibilidad sin ir a visitar el inmueble. Con una tasación, se puede hacer un certificado energético porque figura un plano del inmueble y los datos de sus calidades e instalaciones. ¿Y quienes tienen la mayoría de las tasaciones?.
El gran fraude en los certificados y etiquetas energéticas es muy fácil de inspeccionar. Te vas a los Registros de la Propiedad y encontrarás cientos de escrituras de compra-venta de viviendas, locales comerciales y oficinas sin certificado energético o sin su correspondiente tramitación para obtener la etiqueta energética.
Y los grandes infractores son los de siempre, algunos Bancos y Cajas morosas que en las escrituras de compra-venta hacen firmar al comprador que se exonera de reclamarles el certificado energético. Todo ello en base a que se interpreta que el certificado y la etiqueta energética son una carga, como las cuotas de las Comunidades de Propietarios, que no las pagan. Esta es parte de la verdadera obra social de algunos Bancos y Cajas morosas.
El fraude de los certificados energéticos resulta escandaloso cuando hay miles de euros en tasas que la Junta de Castilla y León no ha ingresado.
¿ Por qué no inspeccionan directamente las administraciones públicas ?
La Junta de Castilla y León no va a inspeccionar directamente los certificados energéticos, subcontrata el trabajo. Resulta raro, puesto que hay personal y técnicos suficientes dentro de la propia Junta como para realizar los controles.
Como las 1.310 inspecciones implican ir a comprobar los edificios, probablemente los desplazamientos y las atribuciones del personal se vean limitadas.
Si existen departamentos de inspección de Consumo en la Autonomía, en las Diputaciones Provinciales y en los grandes Ayuntamientos, podrían realizar una labor preventiva, aunque implicara una coordinación entre las tres administraciones públicas.
¿Y qué pasaría si en la Unión Europea se enteraran del fraude consentido?.
Como las 1.310 inspecciones implican ir a comprobar los edificios, probablemente los desplazamientos y las atribuciones del personal se vean limitadas.
Si existen departamentos de inspección de Consumo en la Autonomía, en las Diputaciones Provinciales y en los grandes Ayuntamientos, podrían realizar una labor preventiva, aunque implicara una coordinación entre las tres administraciones públicas.
¿Y qué pasaría si en la Unión Europea se enteraran del fraude consentido?.
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